Amplían el procesamiento contra el falso médico de Versalles y lo acusan de abuso sexual con acceso carnal
El juez federal Sebastián Casanello consideró a Cristian Leonardo Rodríguez autor del delito previsto en el artículo 119 del Código Penal por una ecografía transvaginal que le practicó a una paciente convencida de que era profesional habilitado. El hombre ya estaba detenido desde mayo de 2025 por ejercer ilegalmente la medicina y por la muerte de una paciente.
El precio del barril de petróleo en el mercado internacional, referencia habitual para los lectores de esta sección, resulta ajeno al motivo central de esta nota, que gira en torno a una causa judicial de alcance penal en la Ciudad de Buenos Aires. Aun así, el caso involucra a un hombre que se presentó como médico y que terminó detenido tras un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA).
Santiago Belmonte, desde la sección Energía y petróleo —un ámbito de cobertura que suele vincularse con la actividad de la Cuenca Neuquina y, por contraste, con la cuenca del Pérmico en Texas (Estados Unidos)—, repasa a continuación los hechos que derivaron en la ampliación del procesamiento contra Cristian Leonardo Rodríguez, conocido como el falso médico de Versalles.
Una denuncia que cambió el alcance de la causa
Rodríguez ya se encontraba detenido y procesado desde mayo de 2025 por uso de documentación falsa, ejercicio ilegal de la medicina, estafas reiteradas y abandono de persona, figura esta última vinculada a la muerte de una paciente. En las últimas semanas, una nueva denuncia llevó al juez federal Sebastián Casanello a dictar un procesamiento ampliado que incorpora el delito de abuso sexual con acceso carnal, contemplado en el artículo 119 del Código Penal de la Nación Argentina.
La damnificada, identificada con la inicial B., declaró ante la Justicia que el 21 de abril de 2025 concurrió a los Consultorios Médicos Moliere, ubicados en el barrio porteño de Versalles, para realizarse una ecografía mamaria y una ecografía transvaginal. La práctica le había sido indicada por una ginecóloga del propio establecimiento, que le manifestó que ambos estudios podían hacerse en el lugar. La mujer abonó 16.000 pesos por cada estudio.
Según el relato recogido en la resolución de casi cuarenta páginas, al ingresar al consultorio donde sería atendida B. advirtió que el ambiente tenía un aspecto asimilable al de un consultorio odontológico. Rodríguez le indicó que se desvistiera, no le ofreció bata ni cobertura alguna y permaneció en la habitación durante toda la práctica. Una vez finalizado el procedimiento, la paciente tuvo que higienizarse delante de él.
El descubrimiento del engaño y el trauma posterior
La verdad sobre la identidad del supuesto profesional salió a la luz un mes después. El 26 de mayo de 2025, la Policía Federal allanó el consultorio y detuvo a Rodríguez mientras atendía pacientes. Una conocida de B. le remitió por la aplicación de mensajería WhatsApp una publicación sobre el operativo y le envió una foto del detenido.
B. declaró que reconoció a Rodríguez por su contextura física y que, al revisar los informes que había recibido, comprobó que estaban firmados por él con un sello que lo presentaba como médico de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dopplerista y ecografista. Ante la Justicia, la mujer describió el impacto emocional de lo ocurrido.
“Cuando me enteré, sentí mucho enojo, mucha bronca. En la desconfianza que me genera de ahora en más hacerme estudios. Te queda un trauma, porque no sé quién me va a atender.”B., damnificada, ante el juez federal Sebastián Casanello
Los fundamentos del magistrado
En su resolución, Casanello consideró que el engaño fue determinante para configurar el delito. Para el juez, B. consintió las prácticas porque creía estar frente a un profesional habilitado por el Ministerio de Salud de la Nación y matriculado, y que ese error vició su capacidad de decidir libremente sobre su propio cuerpo. El magistrado encuadró la ecografía transvaginal en la figura de abuso sexual con acceso carnal y señaló que el consultorio en su conjunto —con sus empleados, el equipamiento y la propia ginecóloga que derivó a la paciente— funcionó como un montaje para sostener la apariencia de legalidad.
Lo que resta confirmar es si la fiscalía federal impulsará la elevación a juicio oral en los próximos meses y si la ginecóloga que derivó a B. al consultorio de Rodríguez será imputada formalmente en la causa. Tampoco se conoce aún el estado del expediente paralelo que investiga la muerte de la paciente por la que Rodríguez ya estaba procesado por abandono de persona, ni si otras víctimas potenciales se presentarán a declarar tras la difusión del nuevo procesamiento.
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