Verónica vende sus plantas de Clason y Suardi para intentar ordenar un pasivo que casi quintuplica lo recaudado

El barril de crudo tipo Brent se negociaba este martes por debajo de los ochenta dólares en los mercados internacionales, en un contexto de precios volátiles que, como suele ocurrir, condiciona el humor financiero de las empresas que operan en sectores dolarizados, entre ellas buena parte de la industria láctea argentina. En ese escenario, la firma Verónica, una de las más antiguas del rubro, dio un paso estratégico para tratar de ordenar sus números: vender dos de sus tres plantas productivas y traspasar a los 225 empleados que trabajan en ellas a los compradores.

Una operación a la medida del concurso preventivo

La compañía, fundada en 1923 en la provincia de Buenos Aires y con radicación fabril en la provincia de Santa Fe, atraviesa desde agosto un proceso de concurso preventivo, es decir, un procedimiento judicial que suspende las acciones de los acreedores y le permite a la deudora proponer un plan para cancelar sus compromisos. En ese marco, acordó ceder su planta de Clason a la firma Lacterra Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) por nueve millones de dólares, y su establecimiento de Suardi a Copalac S.A.S. por seis millones y medio de dólares. En ambos casos, la transferencia incluye el inmueble, la maquinaria y los activos productivos asociados.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente del Juzgado Comercial Número 17, los 225 empleados de esas dos fábricas quedarán a cargo de las sociedades compradoras, lo que en la práctica configura una continuidad operativa bajo nuevas razones sociales.

Compradores ya conocidos: el fasón como puerta de entrada

Las dos adquirentes no son para la compañía: ya operaban en esos mismos galpones bajo la modalidad de fasón, un esquema por el cual una empresa utiliza instalaciones ajenas para fabricar sus propios productos, haciéndose cargo de los insumos y del proceso, mientras la dueña formal de la planta percibe un canon o retribución por el uso de los activos. En el lenguaje petrolero, ese esquema se asemeja, salvando las distancias y la escala, a la forma en que un operador petrolero de Vaca Muerta alquila infraestructura a un midstream con presencia en Texas: dos regiones con lógicas productivas muy distintas terminan funcionando bajo una arquitectura contractual similar.

Copalac había comenzado a utilizar la planta de Suardi el mes pasado, luego de reactivar una fábrica que llevaba ocho meses sin producir. En el caso de Clason, Lacterra firmó su contrato de fasón en julio, aunque todavía no inició la fabricación porque las instalaciones se encontraban en tareas de reacondicionamiento tras permanecer paralizadas desde enero.

La Justicia pide más información antes de aprobar

Según pudo reconstruir Energía y petróleo, el tribunal interviniente solicitó a la empresa que acredite los estatutos sociales y la composición accionaria de Lacterra y Copalac, que detalle los criterios con los que fueron elegidas como compradoras, que exhiba sus antecedentes comerciales y financieros, y que precise si existieron otras ofertas consideradas para esas unidades de negocio. Hasta tanto la magistratura no convalide la operación, el cierre definitivo de la venta permanece sujeto a revisión.

Una cifra que alcanza, pero no alcanza

El aspecto más sensible del acuerdo es su escala relativa. Los 15,5 millones de dólares que la láctea espera ingresar representan apenas alrededor del veinte por ciento del pasivo total declarado, que al 30 de junio de 2026 ascendía a 118.496 millones de pesos. Esa montaña de deudas se distribuye, según el propio balance presentado en el concurso, de la siguiente manera:

• Obligaciones comerciales: 26.861 millones de pesos.
• Deudas fiscales y previsionales: 76.245 millones de pesos.
• Deudas laborales: 10.357 millones de pesos.
• Obligaciones financieras: 4.211 millones de pesos.
• Otros conceptos menores por el saldo restante.

En síntesis, la operación contribuye a descomprimir el frente de corto plazo, pero queda lejos de cualquier escenario de cancelación integral. Quedará por verse, en las audiencias que se avecinan, qué propuesta de pago se formula a los acreedores quirografarios, es decir, aquellos sin garantía especial, y cómo se financia el resto del pasivo.

La tercera planta, en el centro de la cuestión

Verónica conserva además su establecimiento de Lehmann, que permanece inactivo y da empleo a 112 personas. La empresa analiza alternativas para su reactivación, sin que hasta el momento se haya informado una definición concreta. En la jerga del sector, el activo immovilizado sin producción equivale a un yacimiento en perforación pero sin raccord: el gasto se acumula sin que aún haya barril vendible. En Santa Fe, esa espera se traduce en salarios suspendidos, dado que desde enero la firma no abona haberes.

Como telón de fondo, la compañía atribuyó su cuadro crítico a una caída del 26,5 por ciento en los volúmenes vendidos entre 2024 y 2025 —de 94.798 a 69.692 toneladas— y a pérdidas por 28.549 millones de pesos en su último ejercicio anual, frente a una ganancia de apenas 3.414 millones en el período previo.

Lo que aún falta confirmar

Quedan por definirse varios puntos clave: la homologación judicial de la venta y, en paralelo, la identidad definitiva del capital de las sociedades compradoras y sus eventuales vinculaciones con el grupo empresario original. También está pendiente la suerte de la planta de Lehmann, así como el plan de pagos que la concursada presente a sus acreedores y el eventual avance de las investigaciones administrativas sobre el origen y la composición del pasivo fiscal. La próxima audiencia del expediente será, en ese sentido, el primer mojón real para medir el alcance del acuerdo.