La concesionaria del country: la mujer de González tiró nombres y dijo que la hundieron los que no pagaron

La declaración arrancó en el momento justo. Cynthia Chamoles, de 44 años, socia y pareja de Carlos González en Autos Pilar Premium, se sentó frente al fiscal Andrés Quintana y, en lugar de pedir perdón, fue directo al ataque: la empresa se fundió, dijo, porque un grupo de clientes se subieron al autito financiado y después desaparecieron del mapa.

La versión de Chamoles: no es estafa, es mora

La versión de Chamoles: no es estafa, es mora

En su indagatoria, Chamoles reconoció el «desfasaje» pero lo presentó como un problema de cobranzas, no de bolsillo. Aseguró que tiene pagarés firmados por entre 500.000 y 600.000 dódales y que la deuda total a cobrar trepa a unos dos millones de la moneda verde.

Entre los apuntados en su lista de morosos mencionó a un DJ de renombre, cuya identidad la Justicia mantiene bajo reserva. «Se le entregó una Land Rover Evoque. Nos debe 120.000 dódales. Nunca nos pagó», dijo ante el fiscal. También puso sobre la mesa una Lamborghini Urus tasada en 800.000 dódales, con embargo vigente, cuya liberación consideró imprescindible para volver a respirar.

Los nombres que aparecen en el expediente

Los nombres que aparecen en el expediente

• Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot: habría entregado una Ford Ranger Raptor en consignación y nunca vio la plata.
• El diputado nacional Manuel Quintar: pagó 285.000 dódales por una Tesla Cybertruck que jamás recibió, parte por transferencia y parte en efectivo.
• Un DJ famoso, con identidad reservada: adeudaría 120.000 dódales por una Land Rover Evoque.

González, por su lado, pintó un cuadro más grande todavía: un «descalce» de seis millones de dódales. Contó que el negocio creció de un local en el Shopping Champagnat a una sede sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, con picos de cien autos vendidos por mes. Y ubicó el origen del derrumbe en una causa federal previa por desobediencia: la Justicia de Campana los obligó a retirar los vehículos de un predio lindante a la autopista que usaban como playa de exhibición, y cuando volvieron a ocupar el lugar terminó con nueve autos secuestrados y a él procesado.

Mientras la causa avanza, lo concreto es duro: al menos 35 personas figuran como damnificadas en el expediente. Para esta altura, y aunque la defensa habla de deudores y no de estafa, la diferencia entre «esos no me pagaron» y «yo no le entregué lo que cobré» es justamente lo que tendrá que resolver la Justicia.