El puerto que lavaba: cómo una terminal pública de Rosario se convirtió en la vidriera del dinero negro catalán y narco durante casi 16 años

En campaña, los candidatos suelen prometer puertos transparentes y cajas fuertes contra el lavado. La investigación federal que sacudió esta semana a Rosario muestra qué pasa cuando esas promesas se chocan contra los mostradores de una terminal pública: durante casi dieciséis años, la principal concesionaria del puerto local habría funcionado como vidriera para blanquear dinero de la corrupción política catalana y del narcotráfico que opera en la ciudad. La denuncia, motorizada por un grupo de cinco fiscales federales, terminó en un pedido de detenciones y un embargo que ronda los cien millones de dólares.

Quiénes son los apuntados y de qué se los acusa

El eje de la acusación es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y ex presidente de Terminal Puerto Rosario (TPR). No es la primera vez que su nombre aparece en un expediente pesado: en 2023 un tribunal ya lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Desde una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de Rosario, Shanahan proveyó dólares para comprar cocaína. Un allanamiento de octubre de 2021 en ese local secuestró más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas.

Ahora se le suma una nueva capa: entre 2004 y 2005 habrían ingresado a TPR fondos provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de Cataluña Jordi Pujol. La transferencia fue de 1.850.000 euros a una sociedad local que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española ya determinó, en un fallo confirmado en 2021, que el patrimonio de esa familia tuvo origen en comisiones y sobornos ligados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

¿Cómo se lava un puerto paso a paso?

• El dinero ilícito entraba a la terminal disfrazado de inversión societaria, como un aporte más de capital a una empresa que maneja carga pública.
• Entre 2010 y 2012 el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador: lo que había entrado como "inversión" salía como "precio de venta", ya con apariencia legal.
• Parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.
• Para el tramo final, los fiscales detectaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, donde se depositaban cheques y se retiraba el efectivo equivalente de inmediato, con el único fin de disolver el rastro del dinero.

Rosario, Cataluña y la ruta del dinero que no se toca

El contraste es elocuente. Mientras en Texas los puertos tienen cámaras, auditoría en tiempo real y trazabilidad satelital de cada contenedor, en la Argentina una terminal de uso público puede pasar más de una década mezclando capitales europeos sospechosos y ganancias del narcotráfico local sin que nadie pulse el botón de alarma. En Rosario, donde el puerto es el motor económico de la región, esa misma pasividad tiene nombre y apellido: funcionarios, administradores y empresarios que miraron para otro lado mientras la carga financiera viajaba en contenedores invisibles.

La causa es federal y el expediente tiene el grosor de un prontuario: dos orígenes de dinero negro (sobornos catalanes y cocaína rosarina), un mismo lavado con forma de inversión portuaria y un solo hombre como eje de las decisiones. Shanahan ya estuvo preso por narcotráfico; ahora se le suma una asociación ilícita transnacional con escalas en España, Estados Unidos y la hidrovía. La justicia tiene la palabra: si lo que describen los fiscales es correcto, el puerto de Rosario no sólo perdió soberanía sobre sus muelles: perdió, durante 16 años, la vergüenza.