Apartaron a un juez de San Isidro y la causa por acoso sexual suma seis cargos en su contra

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió apartar de manera preventiva al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. El magistrado ya se encontraba en uso de licencia por decisión de la Suprema Corte provincial, y el jury sumó ahora un nuevo capítulo administrativo a un expediente que comenzó a gestarse en julio de 2025.

Vamos a los números: el proceso ya acumula seis imputaciones formales formuladas por el Ministerio Público Fiscal, derivadas de una denuncia original por acoso sexual y luego ampliada con presentaciones de la Procuración General bonaerense y del Colegio de Abogados de San Isidro. La causa combina un sumario administrativo, una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo y el trámite del jury, que ahora ingresa en la etapa de producción y valoración de la prueba.

El origen: una denuncia con chats y audios

La pesquisa se inició en julio de 2025, cuando una funcionaria que trabajaba en la cámara radicó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su presentación describió mensajes del magistrado con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de propuestas de encuentros personales, y acompañó la denuncia con capturas de chats y archivos de audio como respaldo probatorio.

Los seis cargos que enfrenta el juez

La acusación del Ministerio Público Fiscal se desglosa en seis ejes, según surge del expediente:

• Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, a partir de los mensajes denunciados por la funcionaria.
• Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, expresados a través de descalificaciones y órdenes arbitrarias.
• Uso de recursos del Estado para beneficio personal, un cargo que abre interrogantes sobre el manejo de bienes públicos en el ámbito judicial.
• Trato irrespetuoso hacia superiores y utilización de referencias a su posición institucional con fines de intimidación.
• Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
• Delegación irregular de su firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.

El jury es presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, y se integra con conjueces abogados y conjueces legisladores, de acuerdo con el procedimiento previsto para el enjuiciamiento de magistrados en la provincia de Buenos Aires.

La Argentina cuenta, desde hace décadas, con un régimen de enjuiciamiento de jueces que coexiste con el proceso penal común: mientras la justicia ordinaria investiga los posibles delitos, el jury evalúa la conducta funcional y puede derivar en la destitución. En el caso de García Maañón, ambos carriles avanzan en paralelo, lo que explica que un mismo hecho inicial termine replicado en dos expedientes distintos.

Por estas horas, el Jurado de Enjuiciamiento continúa con el análisis de los cargos y la producción de prueba, en un expediente que ya puso en movimiento al máximo tribunal provincial, a la Procuración General y al Colegio de Abogados de San Isidro. ¿Alcanzarán las seis imputaciones para configurar la causal de mal desempeño y avanzar hacia un eventual jury de destitución?