Raúl Martins va a juicio con prisión preventiva y un embargo de 300 millones: la nueva cara de un viejo expediente

Dicen que a la tercera va la vencida, pero a Raúl Martins le bastó con que la Justicia le pasara el plumero tres veces para terminar procesado con prisión preventiva. La jueza federal María Servini firmó el procesamiento por lavado de activos y le trabó un embargo de 300 millones de pesos sobre sus bienes. Para un septuagenario que arrastra causas desde 2013, no es un detalle menor. Es, directamente, el cierre de un capítulo que el propio Martins llevaba años peleando con la misma estrategia: negar todo, declarar por escrito y pedir el sobreseimiento.

(Y sí, también es el hombre que durante años se codeó con la SIDE. Cuesta imaginar un currículum más rimbombante para terminar sentado en el banquillo de un juzgado federal por algo tan poco glamoroso como plata sucia.)

La trampa de las fechas que no salvó a Martins

El eje central de la defensa fue siempre el mismo: si las operaciones que se le endilgan ocurrieron entre 2009 y 2012, y el delito de explotación sexual que se le probó fue entre enero de 2013 y octubre de 2014, entonces no hay forma de lavar plata que todavía no existía. Martins rechazó declarar y presentó un escrito en el que pidió el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Además, limitó el caso al local de avenida Juan B. Justo 5302, en Villa General Mitre, y aseguró que las acusaciones sobre otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia de trata.

Servini no la compró. La magistrada sostuvo que una sociedad constituida antes del delito puede ser perfectamente usada después para administrar u ocultar bienes de origen ilícito. Es decir, según su razonamiento, que la empresa sea vieja no la blanquea: la vuelve más sospechosa.

“Una sociedad creada antes del delito investigado puede ser utilizada posteriormente para administrar u ocultar bienes de origen ilícito.”Jueza María Servini

Una estructura con patas en varios países

• La Justicia evaluó de manera conjunta sociedades argentinas y extranjeras, poderes de administración y la intervención de familiares directos.
• Martins habría conservado el control efectivo de la estructura aunque no figurara como beneficiario final en los registros.
• El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.
• La investigación apunta a 26 operaciones vinculadas con adquisiciones de propiedades y administración de sociedades.
• El sospechoso estuvo prófugo hasta 2019, cuando fue detenido en México y extraditado desde Cancún para ser juzgado en el país.

En criollo: para Servini, lo que Martins presenta como un ancla temporal a su favor en realidad funciona como una pista de aterrizaje perfecta para el dinero negro. Familiares con poderes de administración, sociedades en el exterior, propiedades compradas en serie. El combo de manual del lavado, servido en bandeja jurídica.

Mientras tanto, del otro lado del mostrador, los defensores insisten en que las sociedades que aparecen en la causa son viejas conocidas de la familia y que la mayoría de las compras se hicieron mucho antes de la ventana de explotación sexual que la Justicia tomó como válida. Es la pelea que, probablemente, termine dirimiéndose en una Cámara de Apelaciones. Y, según cómo se mire, también puede terminar dándole a Martins el aire que lleva años buscando.

Mi recomendación, como siempre, sin vueltas: hay que seguir este expediente de cerca. No por morbo, sino porque mezcla todos los condimentos que un caso argentino sabe ofrecer: servicios de inteligencia, prostíbulos, dinero en el exterior y sociedades con nombres prestados. Pocas veces una misma persona resume tan bien cómo funcionan los pliegues del poder y del delito en este país. Y mientras el proceso avanza, conviene no perder de vista los próximos movimientos de la defensa. Ahí, muchas veces, se define todo.