Pandanés se quedó sin horno: 25 sucursales cerradas, 150 cesanteados y un salvataje judicial como última salida

El barril de crudo Brent terminó la jornada de referencia en valores cercanos a los setenta dólares, en un marco internacional que sigue presionando al alza el precio de los granos y, por ende, el de la harina que Pandanés utiliza como insumo central de su actividad y elaborados de panadería.

La cadena de panaderías Pandanés cesó sus operaciones en las veinticinco sucursales que mantenía en el área metropolitana y desvinculó a unos ciento cincuenta empleados, en un desenlace que la propia empresa atribuye a una caída del consumo superior al cincuenta por ciento de su volumen histórico, a un incremento sostenido de costos y al sobredimensionamiento de su planta productiva. Según consta en el expediente, la firma arrastraba una cesación de pagos desde octubre de 2025 y, al presentar el pedido de quiebra ante el Juzgado Comercial N.º 15, reconoció haber intentado renegociar alquileres, cambiar proveedores y alcanzar acuerdos con el fisco sin resultados positivos.

Una planta pensada para cincuenta locales

La fábrica de mil setecientos setenta y ocho metros cuadrados había sido inaugurada en noviembre de 2022, cuando el negocio crecía y estaba dimensionada para abastecer hasta cincuenta puntos de venta propios. Con el cierre de las sucursales, la capacidad instalada quedó muy por encima de la demanda efectiva, y los costos fijos —alquileres, energía y personal— se mantuvieron sin cambios. La empresa señaló además el encarecimiento de la harina, golpeada por la suba internacional de los granos, y los incrementos salariales derivados de las paritarias.

“Esos factores provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos.”Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés

Salvataje antes que quiebra

El juez Pablo Frick rechazó el pedido de quiebra y ordenó, en el marco del artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras —el procedimiento legal que regula los concursos preventivos y las quiebras en la Argentina—, la apertura de un registro por cinco días para que acreedores o cooperativas de trabajadores puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo o de adquisición de cuotas sociales. Al momento del concurso preventivo, el pasivo de la compañía rondaba los mil doscientos millones de pesos. Mientras tanto, los empleados despedidos por WhatsApp aún no recibieron los telegramas de despido formales ni pudieron retirar sus pertenencias de los locales.

Lo que falta confirmar

Todavía no se conoce si algún acreedor o cooperativa de trabajadores se presentará en el registro habilitado por el tribunal para intentar el rescate, ni cuál será el destino final de la planta industrial. También queda por determinarse la regularización de los aportes a la obra social —la cobertura médica que deben pagar los empleadores—, a la ART —la Aseguradora de Riesgos del Trabajo— y al sindicato, que la sindicatura detectó como impagos. La magnitud del expediente recuerda, en escala, lo que suele observarse en operaciones de gran porte como las que se dan en la cuenca de Vaca Muerta, donde la caída de la demanda global también obliga a poner bajo revisión inversiones que habían quedado sobredimensionadas respecto del mercado real.