Mendoza habilita un canal gratuito para renegociar deudas de tarjetas y préstamos personales

La Provincia de Mendoza puso en marcha un mecanismo de conciliación gratuito para que familias con domicilio en su territorio puedan renegociar deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y financiaciones de consumo. La apertura llega en un contexto local donde la carga financiera sobre los hogares argentinos se sostiene en niveles elevados en dólares, y la Provincia habilita esta alternativa como un canal formal para discutir nuevas condiciones con los acreedores.

Vamos a los números. La intervención puede solicitarse cuando los compromisos financieros superan el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo familiar conviviente. Ese umbral desciende al 25% en casos específicos, una etiqueta que la normativa aplica a hogares con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, desempleados, beneficiarios de programas sociales y trabajadores informales. Además, el capital total adeudado no puede exceder el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de iniciar el trámite.

Qué se puede negociar y qué queda afuera

• Plazos más largos para cancelar la obligación.
• Períodos de gracia previos al pago.
• Eliminación o reducción de intereses punitorios y gastos por mora.
• Reformulación del esquema de cuotas, con eventuales quitas de capital.

El procedimiento se canaliza a través de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), dependiente de Defensa del Consumidor. El solicitante debe acreditar domicilio real en Mendoza, ser consumidor final y presentar un detalle de acreedores, importes adeudados y un inventario actualizado de activos y pasivos. La oficina cita luego a las empresas involucradas, que cuentan con hasta 10 días hábiles para informar el origen de los créditos.

Quedan excluidas del mecanismo las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y sanciones penales, y los compromisos empresariales o comerciales ajenos al consumo familiar. La Provincia carece de facultades para imponer condiciones de manera unilateral, de modo que cualquier quita, refinanciación o cambio de cronograma solo se concreta si el acreedor acepta. El procedimiento deja planteada la cuestión central: cuántas entidades financieras de la Argentina, y especialmente las que operan en Mendoza, aceptarán sentarse a la mesa para aceitar la reestructuración de carteras que, en dólares, muestran niveles de morosidad que ya no se disimulan con refinanciaciones automáticas.