La canasta de los adultos mayores se acerca a los 2,1 millones de pesos y deja al descubierto la brecha con los haberes previsionales

El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate, referencia habitual para la cotización internacional, operaba en las últimas ruedas del mercado en valores que permiten contextualizar el escenario económico argentino desde la energía, y sirve también como punto de partida para dimensionar la magnitud de las cifras que se analizan en este informe. Bajo esa mirada, el relevamiento difundido por la Defensoría de la Tercera Edad y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología (SIGG) fijó para octubre de 2026 una canasta estimada en 2.090.646 pesos para un adulto mayor, mientras que la jubilación mínima, con el bono extraordinario incluido, apenas alcanzaba los 505.748 pesos.

La diferencia es elocuente: el haber mínimo cubre menos de una cuarta parte del presupuesto que la Defensoría considera necesario para sostener la vida cotidiana de una persona mayor en condiciones razonables. El cálculo, que toma como referencia las pautas de la canasta familiar del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y las reorienta hacia los consumos específicos de los adultos mayores, abarcó a la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario y Mendoza, con el objetivo de ofrecer una fotografía representativa de los principales centros urbanos del país.

Tres rubros concentran cerca de dos tercios del gasto

El informe desglosa los 2.090.646 pesos en una serie de capítulos donde la salud, la alimentación y la vivienda aparecen como los componentes de mayor peso relativo. Los medicamentos y la atención de la salud suman 518.708 pesos mensuales, una cifra que, considerada de manera aislada, ya supera los 505.748 pesos que percibirá en octubre un jubilado con el haber mínimo y el refuerzo extraordinario. A ese desembolso se añaden 457.742 pesos para alimentos y 364.969 pesos para vivienda, lo que totaliza 1.341.419 pesos: alrededor del 64 por ciento de la canasta completa.

En el apartado sanitario, la Defensoría incorporó al cálculo distintos tipos de medicamentos y los descuentos vigentes en farmacias de acuerdo con el esquema de cada obra social, lo que permite acercar la estimación al consumo real de los afiliados. En vivienda, en tanto, se contemplaron tres situaciones posibles: quienes conservan una propiedad propia, quienes alquilan y quienes habitan en una pensión, con el propósito de reflejar la heterogeneidad de las condiciones habitacionales que atraviesan los adultos mayores en la Argentina.

• Medicamentos y atención de la salud: 518.708 pesos mensuales, con descuentos de la obra social incluidos.
• Alimentos: 457.742 pesos mensuales, según la composición típica de la canasta del INDEC para este segmento.
• Vivienda: 364.969 pesos mensuales, contempla propiedad, alquiler y pensión.
• Resto de los rubros: 749.227 pesos, distribuidos entre transporte, indumentaria, esparcimiento y otros consumos habituales.

Si la comparación se traslada a las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, que en octubre se ubicaron en 375.023 pesos, la brecha se profundiza. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en tanto, alcanzó los 418.598 pesos con el bono. Ambos montos quedan por debajo incluso del costo estimado para el capítulo de medicamentos y salud, lo que describe con crudeza el desfasaje entre los ingresos de los sectores más vulnerables de la Tercera Edad y los precios que efectivamente deben enfrentar.

El relevamiento, además, registró una aceleración interanual marcada: en octubre de 2025 la misma canasta se valuaba en 1.514.074 pesos, de modo que el incremento acumulado en doce meses fue del 38 por ciento. Frente a la medición de marzo, en tanto, la suba alcanzó el 14,58 por ciento. La dinámica describe un crecimiento sostenido que, en la práctica, vuelve a desactualizar los haberes previsionales cada vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualiza los montos por la fórmula de movilidad vigente.

En términos comparativos, y como es habitual en los análisis de costos energéticos, la diferencia entre lo que se paga por el barril en los mercados internacionales y lo que efectivamente reciben los productores locales por Vaca Muerta, en la formación Neuquén, se repite como una brecha estructural. En esta nota, esa lógica aparece trasladada al plano previsional: existe una distancia persistente, mes tras mes, entre el valor de referencia que la Defensoría considera indispensable para vivir y los ingresos que efectivamente perciben los jubilados y pensionados.

El cuadro de situación, sin embargo, todavía presenta puntos por confirmar. La Defensoría y la SIGG no difundieron, al menos en el material disponible, el detalle metodológico completo de los ponderadores utilizados ni la composición de los hogares muestreados en cada aglomerado. Tampoco se conocieron, hasta el momento, reacciones oficiales del organismo previsional ni de la cartera económica frente a la magnitud de la brecha señalada, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos ajustes en los próximos meses, en un contexto en el que la movilidad jubilatoria continúa siendo objeto de debate en el Congreso y en la propia administración.