Elevan a juicio oral a un efectivo de la UTOI acusado de matar a un chofer de aplicación en La Matanza

Un efectivo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el grupo de élite con base en Puente 12, irá a juicio oral y público acusado de haber ejecutado a un conductor de la plataforma de transporte Didi durante un viaje solicitado en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, en el oeste del conurbano bonaerense. La instrucción, llevada adelante por la fiscalía de La Matanza, terminó con el requerimiento de elevación a juicio contra Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser criminis causae (es decir, cometido para asegurar la concreción de otro delito o la impunidad del autor), y por robo agravado por el uso de arma de fuego, una calificación que prevé como respuesta la pena de prisión perpetua.

La víctima fue Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años, docente de una escuela técnica que completaba sus ingresos manejando de noche para una aplicación de viajes, ya que, según relataron sus allegados, el salario docente no le alcanzaba para pagar el alquiler y sostener a su hija de tres años. La madrugada del 15 de marzo aceptó un viaje en Virrey del Pino. Nunca lo completó.

Cinco disparos con el arma reglamentaria

De acuerdo con la investigación, el pasajero era el propio Vizgarra Riveros, que esa noche se encontraba fuera de servicio. Sobre la autopista Presidente Perón, en dirección a Ezeiza, el efectivo le disparó cinco veces con su pistola Bersa TPR9, el arma provista por la fuerza. Pereyra alcanzó a alertar a la policía que llegó al lugar que le habían robado el auto. Después murió. La autopsia arrojó que el cuerpo presentaba diez orificios de bala.

El acusado escapó con el Chevrolet Corsa II de la víctima y continuó con su rutina hasta que fue detenido horas más tarde. El arma reglamentaria fue secuestrada. El juez de Garantías N.° 5 de La Matanza, Gustavo Banco, dictó su prisión preventiva. El fiscal Adrián Arribas impulsó la elevación a juicio por las dos figuras agravadas mencionadas, que de recaer condena pueden derivar en la pena de prisión perpetua.

El pedido de la familia: rastrear llamadas y mensajes borrados

La familia de Pereyra considera que la pesquisa quedó incompleta. Por intermedio de su abogado, Roberto Torres, solicitó al juzgado que, antes del debate oral, se disponga una instrucción suplementaria con el fin de que la compañía telefónica identifique a los usuarios de los números a los que Vizgarra llamó reiteradamente después del crimen y los incorpore al expediente como testigos. También pidió una ampliación del peritaje sobre el celular del imputado para intentar recuperar mensajes eliminados de WhatsApp e Instagram.

“Un policía que cumplía adicionales en el Hospital Simplemente Evita de González Catán declaró que Vizgarra, tras el crimen, le envió un mensaje preguntando si había llegado un herido de bala a la guardia. Ese mensaje no figuraba en el celular peritado, que registra solo una página de análisis.”Roberto Torres, abogado de la familia de la víctima

La instrucción suplementaria, figura contemplada en el Código Procesal Penal bonaerense, busca producir prueba después del cierre de la investigación pero antes del debate, cuando aparecen nuevos indicios que no habían sido incorporados. En este caso, el planteo apunta a reconstruir la red de comunicaciones del acusado en las horas posteriores al asesinato y, eventualmente, sumar testimonios que permitan esclarecer eventuales vínculos o encubrimientos.

• Quién es la víctima: Cristian Eduardo Pereyra, docente de 39 años, trabajaba de noche en Didi para complementar el sueldo y mantener a su hija de tres años.
• Quién es el acusado: Matías Alejandro Vizgarra Riveros, 23 años, efectivo de la UTOI de Puente 12, fuera de servicio la noche del crimen.
• Calificación legal: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por criminis causae, y robo agravado por uso de arma de fuego, con expectativa de prisión perpetua.
• Etapa procesal: la fiscalía requirió la elevación a juicio; la defensa de la víctima pidió una instrucción suplementaria para rastrear llamadas y mensajes borrados.
• Cómo ayudar: la familia difundió su pedido de justicia a través de la querella; quienes tengan datos sobre la causa pueden comunicarse con el estudio del abogado Roberto Torres.