Veinticuatro condenados en Mendoza por el tráfico de pistolas y municiones hacia Chile

Qué, dónde y a qué hora. El Tribunal Oral Federal Número 2 de Mendoza condenó a veinticuatro personas integradas en una red dedicada al contrabando de armas y municiones hacia Chile. El juez Héctor Fabián Cortés homologó los acuerdos alcanzados entre la fiscalía y las defensas el 3 de agosto pasado.

La organización operó entre octubre de 2021 y diciembre de 2023. Las pesquisas establecieron que la banda combinaba dos vías de aprovisionamiento. Por un lado, compraba armas en el mercado legal argentino con permisos de legítimo usuario y luego las desviaba al circuito ilegal. Por otro, mantenía contactos para abastecerse de material en Brasil.

Roles definidos en la cadena ilegal

• Coordinadores de las operaciones transfronterizas.
• Acopiadores y encargados del traslado del armamento hasta la frontera cuyana.
• Choferes de camiones que cruzaban con cargas declaradas y armas ocultas en las cabinas.
• Receptores de transferencias de dinero proveniente de Chile, canalizadas mediante empresas de remesas como Western Union.

El transporte hacia Chile se realizaba en camiones con carga declarada y en ómnibus de larga distancia. Los pasajeros trasladaban pistolas y cargadores en el equipaje de mano o en bodega. Uno de los operativos que expuso el esquema ocurrió en diciembre de 2023, cuando Gendarmería detuvo un ómnibus en la ruta 38, en el sur de Tucumán. Dos pasajeros de nacionalidad chilena con antecedentes en su país llevaban ocho pistolas calibre 9 milímetros y trece cargadores: uno tenía cinco armas adosadas al cuerpo y el otro ocultaba tres en un bolso con ropa.

Lo secuestrado a lo largo de la investigación incluyó treinta y seis armas de fuego de distintas marcas y calibres, treinta y dos cargadores, más de dos mil municiones y varios accesorios. Además de los veinticuatro condenados, otros cinco imputados accedieron a suspensión de juicio a prueba por períodos de uno o dos años, y cuatro personas fueron sobreseídas luego de que el estupefaciente hallado fuera considerado de consumo personal. Resta resolver la situación de otros involucrados, cuya definición judicial no fue detallada en el material disponible.

La pena máxima dispuesta fue de seis años de prisión. Las imputaciones abarcaron asociación ilícita, tentativa de contrabando agravado, tenencia de armas de fuego y delitos vinculados con estupefacientes. La única fuente oficial consultada fue el Tribunal Oral Federal Número 2 de Mendoza, a través de la resolución de homologación firmada por Cortés. Lo que aún no se confirmó de manera pública es el monto total decomisado en las transferencias recibidas desde Chile y la identidad de los compradores del otro lado de la frontera. Noticia en desarrollo.