El Gobierno extendió hasta 2027 el régimen que compatibiliza empleo rural registrado con planes sociales

Un total cercano a los 50.000 trabajadores rurales temporarios podrá mantener, al menos hasta el 1 de septiembre de 2027, la compatibilidad entre un empleo registrado en el sector agropecuario y los planes sociales que perciben sus hogares. El Decreto 1204/2026, publicado esta semana en el Boletín Oficial, renovó por doce meses un mecanismo que rige desde 2021 y que, en los hechos, les permite a esas familias conservar asignaciones familiares, la Tarjeta Alimentar y el programa Volver al Trabajo mientras dura la contratación bajo las modalidades de empleo temporario, permanente discontinuo o eventual previstas en la Ley de Trabajo Agrario, así como en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial.

Vamos a los números

El régimen alcanza, según datos oficiales, a alrededor de 50.000 personas y a unos 83.000 hijos de aportantes. Para esos hogares, las asignaciones familiares no pueden ser inferiores al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo, lo que fija un piso de ingreso durante la temporada. Cuando el vínculo laboral se extiende de manera continua por más de seis meses, ciertos beneficios monetarios de programas sociales, con excepción de la Tarjeta Alimentar, pasan a computarse como parte del salario, en una transición pensada para acercar al trabajador al empleo formal pleno. La norma, además, contempla una reducción de contribuciones patronales para los empleadores que contraten bajo estas modalidades, como incentivo a la registración.

“La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundam”UATRE

Antes de la renovación, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) había advertido que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país por la incertidumbre sobre la continuidad del régimen, motivo por el cual la prórroga fue considerada clave para la cosecha gruesa y para las campañas regionales que se sucederán en los próximos meses. Para la comparación con la Argentina de los últimos años, el caso muestra que un instrumento nacido en 2021 para resolver una contradicción muy concreta (la de perder el plan al conseguir un trabajo registrado) lleva cinco años de aplicación efectiva y ahora se proyecta por doce meses más, suficiente para atravesar al menos un ciclo agrícola completo. ¿Alcanzará ese plazo para que la transición hacia el empleo pleno deje de depender de la renovación periódica del decreto?